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Parte General
Título I. De las normas rectoras de la Ley penal colombiana
Capítulo único
¿El principio de favorabilidad exige la aplicación retroactiva de una Ley penal más benéfica frente a una norma anterior desfavorable?
¿De qué manera los principios de legalidad, última ratio y fragmentariedad orientan la aplicación del derecho penal en un Estado Social de Derecho?
¿considerando el principio de doble incriminación es válida la aplicación de la jurisdicción indígena para evitar la extradición por delitos cometidos en otro país?
¿Es viable la aplicación retroactiva de normas sustanciales o procesales con efectos sustanciales de la Ley 906/2004 a procesos regidos por la Ley 600/2000?
¿Es aplicable la ley penal colombiana cuando la persona haya sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor a la prevista en la ley nacional?
¿Puede prosperar una censura por violación al principio de investigación integral sin demostrar la omisión arbitraria de pruebas relevantes y su incidencia en la decisión?
¿Es posible imputar objetivamente un resultado típico al agente si este no creó o incrementó un riesgo jurídicamente desaprobado que haya sido determinante para su materialización?
¿La tardanza en presentar la denuncia por agresión sexual afecta la credibilidad del testimonio de la víctima?
¿Debe la autoridad judicial aplicar el principio del interés superior del niño al seleccionar e imponer sanciones dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes?
¿Puede revocarse una resolución inhibitoria emitida por la Fiscalía General de la Nación, cuando se fundamentó en una norma (artículo 71 de la Ley 975 de 2005) que posteriormente fue declarada inconstitucional, y ya han transcurrido más de dos años sin que el beneficiario haya cometido un nuevo delito doloso?
¿Vulnera el principio de non bis in idem la emisión de una sentencia de reemplazo tras haberse declarado la nulidad de una anterior decisión judicial?
¿Cómo se debe de interpretar la imputación objetiva del resultado en situaciones donde la acción y/o omisión del agente, aunque vinculada causalmente a un resultado lesivo, exige además la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado?
¿Qué elementos deben ser evaluados al decidir sobre la concesión de subrogados penales como la libertad condicional a partir del fin y función de la pena?
Título II. De la aplicación de la ley penal
Capítulo único. Aplicación de la Ley en el espacio
¿Existen criterios específicos para determinar la procedencia de la extradición de exintegrantes de las FARC-EP que hayan suscrito el acuerdo final de paz?
¿Puede autorizarse la extradición de un ciudadano extranjero cuando las víctimas son colombianas y los delitos por los cuales es requerido fueron cometidos en territorio colombiano?
Título III. De la conducta punible.
Capítulo único. De la conducta punible
¿Los particulares que administran recursos parafiscales pueden ser considerados responsables de delitos calificados?
¿En casos de coautoría impropia en el delito de hurto agravado, los coautores responden por el resultado común acordado y no por su específica contribución?
¿En la selección de la pena más grave en un concurso de conductas punibles, deben considerarse las circunstancias postdelictuales que modifican el quantum de la sanción?
¿La imposición de una pena en el concurso de delitos puede superar el límite del otro tanto de la pena del delito base, sin exceder la suma aritmética de las penas individuales?
¿Cómo influye la teoría de la imputación objetiva en la atribución de responsabilidad penal en el ámbito de la práctica médica, al confrontar la causalidad con el deber objetivo de cuidado?
¿Es posible la variación de la calificación jurídica de la participación del sujeto activo de autor a determinador sin vulnerar el principio de congruencia?
¿La dosificación de penas en concurso de conductas punibles debe de ser proporcional al evitar que el incremento supere el límite del “otro tanto” establecido legalmente?
¿En qué medida la obediencia debida puede exonerar de responsabilidad penal a un subordinado sin vulnerar los principios de antijuricidad material y legitimidad de las órdenes?
¿Puede configurarse la legítima defensa como causal de exclusión de la antijuridicidad en una situación de riña?
¿Debe considerarse coautor a quien, mediando un acuerdo común y una división del trabajo, actúa en cumplimiento del plan establecido, aunque su conducta individual no sea subsumible en el tipo penal respectivo?
¿La Fiscalía debe determinar desde el momento de la imputación cuál fue la acción u omisión del procesado que incrementó ese riesgo jurídicamente permitido?
¿Puede eximirse de responsabilidad penal a un sujeto cuya capacidad de decisión se encontraba sustancialmente coartada por circunstancias extremas?
¿Puede atribuirse responsabilidad penal a los miembros de la cúpula de una organización criminal jerarquizada, aun sin contacto directo con los autores materiales, bajo la teoría del aparato organizado de poder?
¿Puede la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación, modificar la calificación jurídica de la conducta de un acusado, pasando de determinador a autor mediato por aparatos organizados de poder?
¿Es necesario un pacto detallado previo para acreditar la coautoría funcional en un delito, o puede inferirse del desarrollo conjunto y consciente del hecho criminal?
¿Hasta qué punto puede el extraneus (interviniente) ser imputado por la coautoría en delitos de infracción de deber cuando no se ha identificado o judicializado al intraneus (sujeto activo calificado)?
¿Cuál es el criterio para definir el concurso real o aparente, a partir de los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción en los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión?
¿Debe aplicarse la competencia por conexidad cuando varios delitos son cometidos en diferentes lugares?
¿El trastorno afectivo bipolar combinado con el consumo de sustancias psicoactivas exime de culpabilidad al procesado por no poder comprender la ilicitud de sus actos?
¿Se configura un concurso aparente de delitos cuando dos conductas lesionan el mismo bien jurídico, pero son autónomas en su ejecución y desvalor?
Título IV. De las consecuencias jurídicas de la conducta punible
Capítulo I. De las penas, sus clases y sus efectos
¿La renuncia o destitución del cargo ostentado por el acusado antes de la culminación del proceso penal impide la imposición de la pena accesoria de pérdida del empleo o cargo público?
¿Es obligación del Juez motivar expresamente la imposición de una pena accesoria y su relación con la conducta punible en la sentencia condenatoria?
¿Es procedente imponer la inhabilidad intemporal para el ejercicio de funciones públicas cuando no se demuestra un daño real y concreto al patrimonio estatal?
¿Es suficiente acreditar la calidad de padre o madre cabeza de familia para obtener el beneficio de prisión domiciliaria, o debe evaluarse la gravedad del delito y su impacto en la sociedad y en el menor?
Capítulo II. De los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad
¿Puede el fiscal aplicar la disminución punitiva del artículo 56 del Código Penal, basándose únicamente en su criterio personal?
¿Es obligatorio que el juez fundamente la imposición de penas accesorias en su sentencia condenatoria?
¿Cuáles son las diferencias entre los atenuantes de marginalidad, ignorancia y pobreza extrema?
¿Es correcta la interpretación del inciso 2o del artículo 61 del Código Penal al establecer tres ámbitos de movilidad punitiva, permitiendo al juez moverse entre los cuartos medios cuando concurren atenuantes y agravantes?
¿Vulnera el debido proceso una sentencia que incrementa la pena mínima sin una motivación suficiente conforme a los criterios del artículo 61 del Código Penal?
Capítulo III. De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad
¿Puede condicionarse la suspensión condicional de la ejecución de la pena al pago de la multa, según el marco legal aplicable al momento de los hechos?
¿Puede acceder al beneficio de prisión domiciliaria una persona condenada por un delito doloso o preterintencional si, dentro de los cinco años anteriores, ya había sido condenada por otro delito de la misma naturaleza?
¿Debe el término de cinco años establecido en el artículo 68A del Código Penal contarse entre la ejecutoria de la primera sentencia condenatoria y la comisión del nuevo delito, o entre las fechas de las dos sentencias condenatorias?
¿Cómo se aplica el principio de condicionalidad en la suspensión de la ejecución de la pena, según el art. 66 inc. 1° del C.P., y qué consecuencias tiene el incumplimiento de las condiciones impuestas durante el período de prueba?
¿Es procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena en el caso de una funcionaria judicial condenada por prevaricato por acción?
¿Puede negarse la libertad condicional con base exclusivamente en la gravedad de la conducta punible por la que fue condenado el solicitante, sin considerar su proceso de resocialización y comportamiento posterior?
¿En los delitos de receptación previstos en el Código Penal es posible aplicar beneficios o subrogados penales?
Capítulo IV. De las medidas de seguridad
Capítulo V. De la extinción de la acción y de la sanción penal
¿Cómo funcionan los términos de prescripción de la acción penal en delitos imprescriptibles en el marco de la Ley 600 de 2000?
¿En qué escenarios es aplicable el término de prescripción establecido en el artículo 83 del código penal y el término de prescripción establecido en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004?
¿En qué momento se cuenta el término de prescripción de la acción penal en el delito de fraude procesal?
¿El término de prescripción en el delito de desaparición forzada debe ampliarse en la fase de juzgamiento, al igual que en la fase de investigación?
Capítulo VI. De la responsabilidad civil derivada de la conducta punible
¿Cómo se aplican los criterios para la valoración y reparación de los daños materiales y morales derivados de conductas punibles?
¿Puede el juez ordenar el restablecimiento de derechos de las víctimas incluso después de la prescripción de la acción penal?
¿La obligación de reparar los daños surge automáticamente con la declaratoria de responsabilidad penal, sin importar el fallo en el juicio de reparación?
¿La prescripción de la obligación tributaria extingue la acción penal en los casos de omisión del agente retenedor o recaudador?
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