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Parte General
Título I. De las normas rectoras de la Ley penal colombiana
Capítulo único
¿El principio de favorabilidad exige la aplicación retroactiva de una Ley penal más benéfica frente a una norma anterior desfavorable?
¿De qué manera los principios de legalidad, última ratio y fragmentariedad orientan la aplicación del derecho penal en un Estado Social de Derecho?
¿considerando el principio de doble incriminación es válida la aplicación de la jurisdicción indígena para evitar la extradición por delitos cometidos en otro país?
¿Es viable la aplicación retroactiva de normas sustanciales o procesales con efectos sustanciales de la Ley 906/2004 a procesos regidos por la Ley 600/2000?
¿Es aplicable la ley penal colombiana cuando la persona haya sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor a la prevista en la ley nacional?
Título II. De la aplicación de la ley penal
Capítulo único. Aplicación de la Ley en el espacio
¿Existen criterios específicos para determinar la procedencia de la extradición de exintegrantes de las FARC-EP que hayan suscrito el acuerdo final de paz?
Título III. De la conducta punible.
Capítulo único. De la conducta punible
¿Los particulares que administran recursos parafiscales pueden ser considerados responsables de delitos calificados?
¿En la selección de la pena más grave en un concurso de conductas punibles, deben considerarse las circunstancias postdelictuales que modifican el quantum de la sanción?
¿La imposición de una pena en el concurso de delitos puede superar el límite del otro tanto de la pena del delito base, sin exceder la suma aritmética de las penas individuales?
¿Cómo influye la teoría de la imputación objetiva en la atribución de responsabilidad penal en el ámbito de la práctica médica, al confrontar la causalidad con el deber objetivo de cuidado?
¿Es posible la variación de la calificación jurídica de la participación del sujeto activo de autor a determinador sin vulnerar el principio de congruencia?
¿La dosificación de penas en concurso de conductas punibles debe de ser proporcional al evitar que el incremento supere el límite del “otro tanto” establecido legalmente?
¿En qué medida la obediencia debida puede exonerar de responsabilidad penal a un subordinado sin vulnerar los principios de antijuricidad material y legitimidad de las órdenes?
¿Puede configurarse la legítima defensa como causal de exclusión de la antijuridicidad en una situación de riña?
¿Debe considerarse coautor a quien, mediando un acuerdo común y una división del trabajo, actúa en cumplimiento del plan establecido, aunque su conducta individual no sea subsumible en el tipo penal respectivo?
¿La Fiscalía debe determinar desde el momento de la imputación cuál fue la acción u omisión del procesado que incrementó ese riesgo jurídicamente permitido?
Título IV. De las consecuencias jurídicas de la conducta punible
Capítulo I. De las penas, sus clases y sus efectos
¿La renuncia o destitución del cargo ostentado por el acusado antes de la culminación del proceso penal impide la imposición de la pena accesoria de pérdida del empleo o cargo público?
Capítulo II. De los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad
¿Es obligatorio que el juez fundamente la imposición de penas accesorias en su sentencia condenatoria?
¿Es correcta la interpretación del inciso 2o del artículo 61 del Código Penal al establecer tres ámbitos de movilidad punitiva, permitiendo al juez moverse entre los cuartos medios cuando concurren atenuantes y agravantes?
Capítulo III. De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad
Capítulo IV. De las medidas de seguridad
Capítulo V. De la extinción de la acción y de la sanción penal
¿Cómo funcionan los términos de prescripción de la acción penal en delitos imprescriptibles en el marco de la Ley 600 de 2000?
¿En qué escenarios es aplicable el término de prescripción establecido en el artículo 83 del código penal y el término de prescripción establecido en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004?
Capítulo VI. De la responsabilidad civil derivada de la conducta punible
¿Cómo se aplican los criterios para la valoración y reparación de los daños materiales y morales derivados de conductas punibles?
¿Puede el juez ordenar el restablecimiento de derechos de las víctimas incluso después de la prescripción de la acción penal?
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